1) ¿Justificaría usted al autor de un homicidio doblemente calificado, que se castiga hasta con reclusión perpetua? Porque un “linchamiento” es eso.

En su inciso 2, el artículo 80 del Código Penal Argentino, que castiga el homicidio calificado o agravado, prevé una pena de prisión o reclusión perpetua a quien matare con ensañamiento (buscando el tormento de la víctima) o alevosía (aprovechando su indefensión). Si en lugar de matar se causaran lesiones, también serían doblemente agravadas, con penas de hasta quince años de prisión.

2) Si considera justificados los “linchamientos” a los “delincuentes” y, por lo tanto, cree que deben realizarse, ¿dejaría usted que lo lincharan? Esto, porque estaría cometiendo un delito, y uno no menor (reprimido con hasta seis años de prisión).

El artículo 209 del Código Penal Argentino prevé una pena de hasta seis años de prisión a quien instigare públicamente a cometer un delito determinado. Si la acción se limitara “solo” a expresar públicamente su favor por los “linchamientos”, por el artículo 213 del Código Penal Argentino debería ser condenado a una pena de hasta un año de prisión. En cualquier caso, usted sería un “delincuente”.

3) ¿Cree usted que no participaría de un “linchamiento”, pero que hacerlo está justificado en algunos casos? Sepa que —de acuerdo con el criterio empleado por el Código Penal Argentino vigente— para ser peor que el ladrón no hace falta “lincharlo”, sino justificar e incentivar a quienes lo hacen: la instigación a cometer delitos es, para el Código Penal Argentino, más grave que el robo.

Como fue dicho, la instigación a cometer delitos tiene una pena de hasta seis años de prisión, con un mínimo de dos años. La pena prevista en el artículo 161 del Código Penal Argentino para el robo va de un mes a seis años de prisión. Por ende, y aunque este no es el centro de la discusión, comete un delito más grave quien llama a practicar un “linchamiento” que quien podría ser su víctima.

No existe legislación moderna que deje de explicitar el principio que obliga a “fundar” las sentencias judiciales. Se impone a los jueces el deber de justificar lo resuelto mediante un razonamiento que, partiendo de al menos una norma general, derive válidamente, desde el punto de vista de la lógica, en una conclusión que contenga la resolución del caso. Pero el “problema” de la fundamentación de la sentencia no es un solo problema, ni solo un problema. Las confusiones que cunden al respecto vuelven necesario aclarar algunas cuestiones al respecto, de la manera menos técnica posible.
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Pocos días atrás, Shira A. Scheindlin, jueza del Distrito Sur de Nueva York, dictó sentencia en el caso Floyd v. City of New York. Su fallo tiene una importancia particular para el problema de la inseguridad en la Argentina. No es relevante, por supuesto, porque pueda aplicarse en nuestro país. Lo es, primero, porque los hechos que lo motivaron son una muestra clara de que la insensatez en la materia no tiene fronteras. Segundo, porque tal vez su decisión sea una que deba procurarse en los tribunales locales. Este no es un análisis del fallo. Ni siquiera, un comentario de sus lineamientos. Es, en cambio, un comienzo de reflexión a partir de él.
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(Publicado en Plazademayo.com)

¿Por qué no votamos a los jueces como votamos a los legisladores y al presidente (gobernador, intendente, delegado barrial)? Parece que crear las reglas que rigen nuestra convivencia, que nos pueden despojar de los bienes que ganamos con nuestro trabajo más o menos honesto, que condicionan nuestra libertad, que nos dicen qué hacer y les dicen a los jueces qué hacernos, es una tarea técnica que requiere conocimientos tan calificados como los exigidos a los propios jueces para resolver conflictos. Después de todo, las legislaturas, en general, han sido concebidas como órganos de representación más o menos directa de los integrantes del pueblo que las vota. Parece bueno que los representantes de los ciudadanos reflejen sus diferencias; que el Congreso o el Concejo Deliberante sean una reproducción en escala de la sociedad a la que van a regular. Los miembros de los poderes ejecutivos, de un modo parecido, se pretenden extracciones de los votantes que los llevan al poder. Sería deseable, así, que los jueces también representaran a estamentos diversos de la sociedad.
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(Publicado en Plazademayo.com)

Se dice que el fin de un proceso penal es llegar a la verdad. Pero, como saben muy bien los filósofos de la lógica y los políticos, pocos conceptos son más indeterminados que el de verdad. Es común que los abogados hablen de la «verdad procesal», por contraste con la «verdad real». Esta última sería la «realidad», lo que «realmente sucedió». La primera, en cambio, sería lo que puede probarse, la conclusión de un razonamiento judicial. A veces, para evitar el uso de palabras tan cargadas emotivamente, se diferencia el «caso individual» (lo que sucedió, de hecho, en un tiempo y un lugar determinados) del «caso judicial» (lo que sucedió de acuerdo con las constancias de un juicio).
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(Publicado en Plazademayo.com)

La idea de que todos somos iguales ante la Ley es una ficción: no somos iguales, así es que el derecho debe tratarnos como si lo fuéramos. Esto cobra especial importancia en el derecho penal, y resalta en los casos cuyos protagonistas son personas notorias. Aunque pueda parecer lo contrario, tradicionalmente la fama ha sido un factor perjudicial para los imputados, en muchos aspectos. Por ejemplo, con respecto a la prisión preventiva, su encarcelamiento durante el proceso para garantizar que no se fuguen o entorpezcan la investigación.
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(Publicado en Plazademayo.com)

El Jefe de Gobierno de Buenos Aires adelantó que vetará la ley que regula los abortos no punibles en el ámbito de la ciudad. Más allá de los cuestionamientos de que es pasible la práctica del veto, lo cierto es que su decisión tiene una consecuencia grave, pero alejada del sentido en el cual los propios propulsores de la medida parecen rescatar.
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