Sentencias, justificación y vaguedad

No existe legislación moderna que deje de explicitar el principio que obliga a “fundar” las sentencias judiciales. Se impone a los jueces el deber de justificar lo resuelto mediante un razonamiento que, partiendo de al menos una norma general, derive válidamente, desde el punto de vista de la lógica, en una conclusión que contenga la resolución del caso. Pero el “problema” de la fundamentación de la sentencia no es un solo problema, ni solo un problema. Las confusiones que cunden al respecto vuelven necesario aclarar algunas cuestiones al respecto, de la manera menos técnica posible.

Los jueces y el voto

(Publicado en Plazademayo.com)

¿Por qué no votamos a los jueces como votamos a los legisladores y al presidente (gobernador, intendente, delegado barrial)? Parece que crear las reglas que rigen nuestra convivencia, que nos pueden despojar de los bienes que ganamos con nuestro trabajo más o menos honesto, que condicionan nuestra libertad, que nos dicen qué hacer y les dicen a los jueces qué hacernos, es una tarea técnica que requiere conocimientos tan calificados como los exigidos a los propios jueces para resolver conflictos. Después de todo, las legislaturas, en general, han sido concebidas como órganos de representación más o menos directa de los integrantes del pueblo que las vota. Parece bueno que los representantes de los ciudadanos reflejen sus diferencias; que el Congreso o el Concejo Deliberante sean una reproducción en escala de la sociedad a la que van a regular. Los miembros de los poderes ejecutivos, de un modo parecido, se pretenden extracciones de los votantes que los llevan al poder. Sería deseable, así, que los jueces también representaran a estamentos diversos de la sociedad.

Los jueces y el público

(Publicado en Plazademayo.com)

La idea de que todos somos iguales ante la Ley es una ficción: no somos iguales, así es que el derecho debe tratarnos como si lo fuéramos. Esto cobra especial importancia en el derecho penal, y resalta en los casos cuyos protagonistas son personas notorias. Aunque pueda parecer lo contrario, tradicionalmente la fama ha sido un factor perjudicial para los imputados, en muchos aspectos. Por ejemplo, con respecto a la prisión preventiva, su encarcelamiento durante el proceso para garantizar que no se fuguen o entorpezcan la investigación.

La gravedad de un veto

(Publicado en Plazademayo.com)

El Jefe de Gobierno de Buenos Aires adelantó que vetará la ley que regula los abortos no punibles en el ámbito de la ciudad. Más allá de los cuestionamientos de que es pasible la práctica del veto, lo cierto es que su decisión tiene una consecuencia grave, pero alejada del sentido en el cual los propios propulsores de la medida parecen rescatar.

Las puertas de los Tribunales

Ya es un lugar común el de la «puerta giratoria» de la Justicia. Esa idea (implantada, heredada, adquirida o generada, pero siempre producto de un temor irracional por la otredad) de que los autores de hechos ilícitos entran y salen de los Tribunales con la mayor velocidad. El discurso, versión modernizada de la vieja frase «los delincuentes salen por una puerta y entran por la otra», resume una creencia popular acerca de que el derecho (o su operador más visible, el juez) es benévolo con quien lo transgrede y solo rígido con respecto a los «buenos ciudadanos».

La Justicia y los medios

La idea de que todos somos iguales ante la Ley tiene un contenido difícil de ceñir en una explicación inteligible. Lo más inmediato que puede notarse a su respecto es que se trata de una ficción. No (solamente) por esa suerte de truísmo paradójico que señala que la Justicia suele ser injusta; la frase no se formula nada más que en el plano descriptivo, sino también – y especialmente – en el normativo. Lo que se está diciendo al sostener la igualdad ante la Ley no es que todos somos iguales sino que el Derecho debe tratarnos como si lo fuéramos.